Después casi dos meses de tensión, el conflicto entre el Gobierno peruano y las comunidades indígenas estalló en Bagua.

En tanto, en la Disneylandia del presidente Alan García, hubo premiación en el Palacio a los impulsadores del biocomercio en el Perú por el Día del Medio Ambiente.

Así pues, durante el presidente peruano premiaba al biocomercio, más de 34 personas murieron en los enfrentamientos entre los nativos y la policía, que intentaba romper los bloqueos en las carreteras y oleoductos que estaban asfixiando a varias ciudades de la selva peruana.

Mientras que Yehude Simon en conferencia de prensa confirmó la muerte de 11 efectivos policiales (uno de los cuerpos aún no encontrado) y más de 116 heridos (aunque despúes la ministra Mercedes Cabanillas dijo que eran 109: al parecer no amnejan cifras exactas), los representantes de las comunidades nativas aseguran que al menos 22 indígenas han fallecido (entre ellos un niño de 12 años).

Los peores enfrentamientos ocurrieron cerca de la localidad de Bagua Chica, a unos 700 kilómetros al norte de Lima. Un helicóptero de la policía recibió impactos de bala, pese a que los indígenas aseguran no tener armas de fuego, según dijo la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas.

Unos 5.000 indígenas de más de 60 tribus peruanas, aglutinados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), protestan desde hace 58 días por unas normas legales que, consideran, afectan su derecho a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales; y que el Gobierno aprobó, en gran medida, para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Ellos temen que los decretos abran la puerta a una descontrolada inversión privada. Desde entonces han bloqueado carreteras, vías fluviales, y han obstaculizado las operaciones petroleras y gasíferas de la región, lo que ha causado que varias ciudades sufran desabastecimiento de alimentos y, en los últimos días, cortes de energía.

El levantamiento llevó al Congreso a revisar el contenido de los decretos legislativos, pero el jueves decidió postergar el debate acerca de la ley forestal, que los nativos consideran inconstitucional. La Defensoría del Pueblo apoya el reclamo y ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, para que se pronuncie sobre esta ley.

El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, denunció que se está cometiendo «un genocidio» contra los indígenas y responsabilizó al presidente Alan García, diciendo que «nos están metiendo bala como si fuéramos delincuentes o animales».

Por su parte, Simon responsabilizó a Pizango de los hechos. «El dirigente de los nativos se enfrenta a denuncias por sedición, agarró la causa de los nativos engañando a la opinión pública», denunció el premier, quien lamentó las muertes y señaló que las protestas podrían estar dirigidas por intereses extranjeros.

Esperemos que Alan tome conciencia de la situación y no como demuestra el utero.pe: «es de terror cómo se refiere a los muertos como si fueran frutas del mercado y dice alegremente que los amazónicos no son ciudadanos de primera clase».